Hace casi un año el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina entró al Combinado del Este, una cárcel de máximo rigor en La Habana, donde todos, los buenos y los malos, los bribones y los justos, los caídos en desgracia y los que nunca han salido del lodo, se igualan en la desdicha. Allí también están encerrados presos políticos como el cantante Wilmer Moreno Suárez (Mister Will D’Cuba), el actor Roberto Pérez Ortega y Amaury Leyva Prieto, trabajador por cuenta propia en la construcción.
Cuspinera vivió entre Miami y La Habana. Instaló en las afueras de la capital cubana el supermercado Diplomarket, un negocio efímero y extravagante en una isla hambrienta.
Wilmer, Roberto y Amaury salieron en julio de 2021 a las calles del barrio habanero de La Güinera gritando «¡Libertad!» durante las protestas más grandes en Cuba desde 1959. Cumplen condenas de 18, 17 y 14 años de prisión. Roberto, quien intentó socorrer a Diubis Laurencio Tejeda, baleado por un policía, purga una condena a 17 años.
Las historias de Cuspinera y de quienes se manifestaron en La Güinera parten de mundos distintos: uno, «empresario exitoso», y ellos, rostros de la rabia popular. Pero en Cuba el poder político no hace distinciones cuando siente que algo amenaza sus intereses. A finales de mayo de este año, Cuspinera anunció que iniciaría una huelga de hambre a partir del 1 de junio para «exigir respeto a sus derechos fundamentales y una oportunidad real de defensa legal». «Estaré dispuesto a llegar a consecuencias extremas», aseguró en una carta escrita desde prisión con fecha del 21 de mayo de 2025, en la que también denunció «maltratos, manipulación judicial, tortura psicológica», y una conspiración que buscaría despojarlo de sus bienes.
Pero ¿cómo llegó Frank Cuspinera al foco público? Para entenderlo, es necesario mirar más de cerca quién es este empresario cubanoamericano, cómo se instaló en la isla y por qué terminó tras las rejas.
De empresario cercano al oficialismo a «víctima» del aparato represivo
Frank Cuspinera abrió en diciembre de 2022 el supermercado Diplomarket, conocido como el «Costco cubano», en referencia a la conocida cadena minorista estadounidense. Desde su sede en Berroa, a más de 10 kilómetros al este del centro de la capital, ofrecía desde alimentos premium hasta artículos de limpieza y tecnología, abastecidos gracias a conexiones con proveedores internacionales, muchos de ellos vinculados a redes logísticas en Miami.
En una isla donde el desabastecimiento de productos básicos es crónico y las restricciones estatales ahogan a los emprendedores, Diplomarket se convirtió en símbolo de «éxito» empresarial. Y también en un blanco de críticas y suspicacias por presuntas conexiones con el poder cubano.
Pero sorpresivamente, en junio de 2024, Cuspinera fue arrestado bajo acusaciones de «evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de activos», junto a su esposa Camila Castro, también empresaria y en libertad bajo investigación, según reportes de medios independientes cubanos y de la Florida.
Camila Castro estaría detrás de la tienda Diplomarket Kmila-Mart, también en la Carretera Monumental km 8 1/2, Berroa, que prometía ofrecer «todo en un mismo lugar, cafés, jugos, sandwiches, croissant, deliciosos platos para compartir en familia mientras haces compras y respiras aire puro, lo mejor siempre», según se publicita en Facebook.
Cuspinera y su esposa intentaron ocupar una brecha en el mercado: los consumidores cubanos con acceso a remesas familiares o ingresos en dólares, que buscaban calidad y exclusividad, en contraste con las tiendas estatales desabastecidas.
La rareza que significaba el «Costco cubano», por el tamaño de su operación comercial, y la visibilidad mediática que alcanzó tras una mención del corresponsal de CNN en La Habana, probablemente le dio una exposición indeseable en un país cuyo gobierno mantiene un discurso de Guerra Fría que ensalza al «Estado socialista».
«Después de años de tener que buscar los productos más básicos, resulta un poco surrealista ver cómo algún empresario privado ha montado lo que es básicamente el primer Costco de Cuba» comentó en X Patrick Oppmann, corresponsal de la cadena estadounidense en la isla.
«Cualquiera que pueda permitirse los altísimos precios puede comprar aquí, se aceptan pagos en CUP, USD y euros (…) También se aceptan tarjetas de crédito, incluidas las estadounidenses, y sí, todos los empleados usan camisetas de “Kirkland” [marca exclusiva del verdadero Costco]», añadió Oppmann.
Según fuentes cercanas, Cuspinera había sido advertido en varias ocasiones sobre los límites no escritos del emprendimiento privado en la isla. ¿Se volvió una figura demasiado visible para las sensibilidades del régimen? ¿O su negocio siempre estuvo destinado a perecer?
El nombre del cubanoamericano, quien se describe en LinkedIn como vicepresidente de la firma Las Américas TCC Corporation, fundada en 2011 y con sede en Florida, no aparecía en la web de Diplomarket, y esta firma tampoco se encuentra en la lista de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación.
Tras los comentarios del corresponsal de CNN en Cuba, en una investigación del diario 14ymedio se planteó: «En cuanto a la propiedad del supermercado, tampoco tiene la misma transparencia que la marca capitalista que pretende emular [Costco]. No dan, ni en la web ni en el local, información clara de lo que despierta más desconfianza: ¿de quién es Diplomarket, una tienda gigantesca, bien surtida y limpia, vigilada como un enclave gubernamental?»
El citado medio independiente encontró que Cuspinera aparece como «especialista» en un encuentro de 2021 entre trabajadores por cuenta propia y la oficialista Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. En esa ocasión, el cubanoamericano declaró a la prensa estatal que «este tipo de intercambios propicia que las instituciones conozcan de primera mano los intereses y necesidades de los TCP [ Trabajadores por Cuenta Propia]». Asimismo, defendió que la asociación gremial oficialista era «una vía eficiente para elevar los planteamientos expuestos en la reunión a las autoridades encargadas».
El nombre de Cuspinera también se incluye en una carta enviada por varios «emprendedores» cubanos en 2021 al presidente estadounidense Joe Biden, donde pedían el levantamiento las sanciones económicas contra el régimen de La Habana que perjudicaban sus negocios. En la carta, Cuspinera no aparece como miembro de Las Américas TCC, sino como parte de Iderod Servicios Constructivos, según advirtió 14ymedio. Esta última empresa tampoco está en el listado oficial de mipymes en la isla, pero sí aparece una con el nombre Cuspinera SURL LVI, dedicada a «brindar servicios de plataforma de comercio electrónico».
Cuando cerró Diplomarket, en publicaciones de redes sociales se especuló sobre una supuesta ruptura de la relación entre Cuspinera y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo».
La caída del «Costco cubano»
El 20 de junio de 2024 fue arrestado en La Habana tras una redada silenciosa. De acuerdo con versiones extraoficiales su negocio se intervino con la participación de agentes de la Seguridad del Estado y auditores del conglomerado militar GAESA, quienes habrían confiscado todos sus bienes. Desde entonces Cuspinera permanece en la cárcel del Combinado del Este sin que le hayan celebrado juicio.
Casi un año después de su arresto y de no conocerse sobre su paradero, el influencer Alexander Otaola difundió una carta manuscrita enviada desde prisión por Cuspinera. La autenticidad del documento también fue confirmada por un familiar a 14ymedio.
En la misiva el empresario denunció que se le ha «negado el derecho a una defensa legal justa» y las autoridades buscan quebrarlo emocionalmente, aislándolo e interfiriendo con sus comunicaciones.
«Desarrollaba una empresa con licencias federales en Estados Unidos que competía con empresas estatales. Eso bastó para convertirme en objetivo del aparato represivo», escribió. Según el «ciudadano, abogado y empresario cubanoamericano» —como se refiere a sí mismo en su carta—, «han fabricado un caso sin fundamentos» para justificar la expropiación de su negocio.
«No quiero evadir la acción de la justicia (…) solo exijo poder defenderme», aseguró.
En su testimonio, Cuspinera llama al Departamento de Estado de Estados Unidos «para que intervenga ante las instituciones cubanas por las violaciones constantes de mis derechos y la negación de garantías legales a mi defensa por parte de las instituciones estatales cubanas y sus representantes».
«No era un emprendedor común»: polémica sobre el caso
En un comentario en redes sociales, el abogado Santiago Alpízar, residente en Florida, señaló que «invertir y/o viajar a Cuba es riesgoso y temerario».
Alpízar opinó que «quejarte de la suerte que te fabricaste no es comprensible ni laudable. La defensa del “diplo- mercader” la tiene dura», indicó.
Por su parte, el periodista cubano José Raúl Gallego escribió en su perfil de Facebook sobre el caso: «Con tantos países, con tantas posibilidades en el resto del mundo ¿a qué va a ir usted a Cuba, un país donde no existen leyes que lo protejan y donde solo a unas pocas familias se les permite enriquecerse? ¿Que te hiciste socio de un jerarca que te dijo que te protegería? Mentira. En Cuba son solo unos pocos apellidos los protegidos y tarde o temprano, cuando le hagas sombra a alguien, te tumban».
Antes que Cuspinera, cayeron otros empresarios con negocios en Cuba como el chileno Max Marambio (conocido como el Guatón), y el empresario canadiense de origen armenio Cy Tokmakjian, quien tenía «fuertes lazos de amistad y de negocios con altos oficiales del Misterio del Interior (Minint)» y altos funcionarios, entre otros extranjeros.
Una persona identificada en redes sociales como Waldo Alexander Arias, escribió otro comentario en una publicación y señaló: «conozco a Frank [Cuspinera] hace muchos años. Tuvo la esperanza de hacer su negocio en la isla que nació y creó empleos para mucha gente. Él ha ayudado a mucha gente necesitada como viejitos etc… Es ciudadano americano hace muchos años y es tremenda persona. No juzguen sin saber».
Sin embargo, para el activista Alberto Ortega Fonseca, hermano del preso político Roberto Pérez Ortega, el caso de Cuspinera «no es una tragedia. Es una consecuencia lógica».
Ortega asegura que «no era un emprendedor común. Tenía alianzas con grandes cadenas estadounidenses, permisos exclusivos de importación, apoyo logístico y respaldo del régimen. En Cuba, eso no se logra por talento ni esfuerzo. Se otorga a quien es útil al poder. En una tiranía, los negocios prósperos no son fruto de la libertad, sino de la complicidad».
En su opinión, Cuspinera, «ahora que ha sido arrestado y despojado de sus bienes, intenta vestirse de víctima. Pero mientras crecía su fortuna, más de mil presos políticos sufrían torturas. Mientras él enviaba cartas a Washington pidiendo apoyo para “emprendedores cubanos”, jóvenes eran condenados a décadas de prisión por ondear una bandera. Mientras hablaba de oportunidades en la isla, su silencio legitimaba al mismo sistema que lo enriquecía», escribió en redes sociales.
¿Bajo el mismo yugo?
En la prisión del Combinado del Este, el preso político Roberto Pérez Ortega ha recibido golpizas, tratos denigrantes, abuso psicológico, ha sido castigado en celdas tapiadas. Tiene 39 años, una niña adolescente y un niño pequeño.
Wilmer Moreno Suárez y Amaury Leyva Prieto también han denunciado ser víctimas de constantes abusos, que se suman a la extrema precariedad en las cárceles cubanas, así como la desatención médica.
Este patrón de represión no es nuevo ni exclusivo de los manifestantes. Durante años, los disidentes cubanos, ya sean activistas, artistas o empresarios, han sido acosados, encarcelados y despojados de sus bienes.
Aunque los motivos de encarcelamiento entre Cuspinera y Roberto, Wilmer y Amaury, son esencialmente distintos, comparten la experiencia de una justicia que no es imparcial, sino que está orientada a proteger los intereses del régimen cubano y opera como un instrumento del control político
Este patrón de represión, más que un fenómeno aislado, refleja una estructura autoritaria donde la libertad de acción —ya sea política o económica— está limitada a las fronteras establecidas por la cúpula del poder político-militar. Cuba ocupa el último puesto entre los países de América en libertad económica, según el Índice 2025 de la organización conservadora con sede en EE. UU. Fundación Heritage.
«La ineficiente economía estatal cubana presenta un desempeño muy deficiente, y sus componentes se encuentran muy por debajo de los promedios mundiales en muchas categorías. La ausencia de un poder judicial independiente e imparcial debilita el Estado de derecho. El rígido control estatal ha limitado durante mucho tiempo al sector privado. La eficiencia regulatoria sigue siendo deficiente y la iniciativa empresarial privada es limitada. La aplicación de las regulaciones es inconsistente y poco transparente», explica el informe.
