A Donald Trump le gusta hacer el mal chiste de declararse rey, llegando incluso en este segundo mandato a la tontería de poner en redes sociales una imagen suya con corona. Es algo esperable en una figura profundamente narcisista, que cree estar por encima de las leyes y se regodea en provocar tanto a sus adversarios políticos como a las instituciones del Estado. Pero, más allá de estas tonterías, son sus acciones las que lo han puesto en curso de colisión contra un grupo cada vez más creciente de ciudadanos, organizaciones, instituciones y gobiernos de estados. A Trump y a sus aduladores les convendría recordar un axioma político básico: para gobernar hay que comandar un gobierno. 

A fin de comprender cuán contraproducentes son estas acciones para los propios objetivos de Trump, es bueno recordar que el Estado norteamericano está organizado bajo dos componentes: el Estado administrativo (lo que ultraconservadores y acólitos de Trump han dado en llamar el «deep state»), compuesto por agencias cuyos mandatos son de carácter nacional ya sea por orden constitucional o determinado por el Congreso en el momento de su fundación, y, segundo, el federalismo, es decir, el sistema de leyes y regulaciones que rige el balance de poder entre el Estado federal y la asociación de 50 estados, cada uno con sus respectivos poderes ejecutivos y legislativos. Al destruir el gobierno —y lo que estamos viendo es más un desmantelamiento que una reorganización, por más que se presente bajo el pretexto del ahorro o la lucha contra la corrupción—, ambos componentes son afectados de un modo que, irónicamente, podría muy bien terminar con una Presidencia disminuida en sus funciones y atascada en el mismo caos que está desatando.

El viejo sueño conservador de la destrucción del Estado administrativo afecta directamente el poder del presidente, y también el del Congreso, al quitarles esferas de potestad mediante la eliminación o el estrangulamiento de agencias federales, además de la falta de eficiencia y de productividad que trae el denigrar o desmoralizar a los funcionarios públicos. Pero aún más lo afecta el vacío económico que estas acciones crean. Tomemos por ejemplo el ataque al IRS Servicio de Impuestos Internos). A ningún ejecutivo se le ocurriría tomar las riendas de un negocio y empezar por reducir los ingresos que necesita para pagar gastos. Sin embargo, esto es lo que ha hecho Trump al despedir a seis mil 700 empleados de una agencia que ya de por sí tenía un déficit de auditores debido al cual se pierden más de 700 mil millones de dólares al año en impuestos no pagados. Desmantelar al IRS es un sueño conservador, y una fuente infinita de la demagogia populista, que considera prácticamente cada impuesto como una afrenta a las libertades individuales. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos tiene una de las tasas de impuestos más baja del mundo desarrollado, la cual representa solo el 27 por ciento del Producto Interno Bruto. Estos impuestos son la única fuente de financiamiento del gobierno federal encabezado por Trump, que, a diferencia de los nueve estados que no cobran impuestos sobre la renta, no tiene la capacidad de establecer impuestos sobre las ventas o sobre las propiedades —y no hay voluntad política en el Congreso, por más leal que sea, para establecer estos impuestos que son altamente impopulares. La idea de Trump de sustituir los impuestos por aranceles es otra fantasía sin base en la realidad, por razones simplemente matemáticas: las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 3.1 trillones de dólares en 2023, mientras que los ingresos internos superaron los 20 trillones. Se necesitarían aranceles de más del 100 por ciento —con la inflación que esto supondría— para poder reemplazar los impuestos. Sin estos ingresos Trump no tiene manera de pagar sus principales objetivos, como la deportación masiva de indocumentados. El Congreso se afecta aún más, ya que su principal poder es el control sobre el presupuesto. Al quitarse la capacidad de repartir fondos federales, los legisladores pierden también los medios para incentivar el cumplimiento de las leyes que aprueban.

La segunda acción contraproducente es la amenaza de guerra contra los estados que Trump considera sus enemigos políticos. Esto hizo titulares con el conato de intimidación contra la gobernadora de Maine, Janet Mills, durante una reunión con gobernadores, pero ya antes había amenazado a los gobernadores de Illinois y Nueva York. La amenaza en sí —retención de los fondos federales al estado que se niegue a cumplir una demanda federal— no es nueva: administraciones demócratas y republicanas han usado este recurso para forzar el cumplimento de leyes que van desde el medio ambiente hasta el control de la emigración o la restricción de la marihuana. Estas diferencias tradicionalmente se han resuelto a través de compromisos judiciales. Lo diferente en este caso es la intensidad belicosa de los ataques de la administración de Trump contra estados que no votaron a su favor, la retórica caldeada que niega derechos otorgados por los gobiernos estatales a sus ciudadanos y la planeada destrucción de instituciones, como el Departamento de Educación, sin las cuales no se podría restaurar estos derechos o protecciones aun si una corte lo ordenase.

En la Declaración de Independencia de los (en aquel momento solo 13) Estados Unidos, una frase preambular establece los fundamentos de la legitimidad del gobierno que los proclamantes querían establecer: «Para asegurar estos derechos, se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados». Este concepto, el consentimiento de los gobernados, fue clave para una incipiente nación que no solamente quería establecer su libertad, sino que además rechazaba la base del poder monárquico, absoluto y no elegido por los ciudadanos. Pocos principios son más venerados en el discurso político norteamericano. Es por el consentimiento de los gobernados que los ciudadanos obedecen voluntariamente, y, aunque estén en desacuerdo político, por el acuerdo social que implica que las instituciones son más importantes que las veleidades políticas de los hombres o los partidos que ocupan temporalmente esas instituciones. Pero también ese consentimiento se extiende —como dijera el eminente magistrado Louis Brandeis y fuera luego reafirmado por otro magistrado, Anthony Kennedy— al balance entre el federalismo y los derechos de los estados, garantizando la autonomía de los estados para experimentar con políticas que respondan mejor a sus ciudadanos. Nuevamente de forma irónica, este concepto comúnmente llamado «state’s rights» —también codificado en la Enmienda 10 de la Constitución— siempre había sido defendido a capa y espada por los conservadores, quienes ahora se ven incapaces de enfrentar ideológicamente el populismo trumpista. No es difícil prever acciones cada vez más desafiantes por parte de los estados, ya sea en las cortes o mediante la nulificación, la obstrucción y la falta de cooperación con el gobierno federal, una estrategia que también inauguraron los conservadores como respuesta a lo que en su día consideraban extralimitaciones del poder federal. 

Si Trump continúa llevando al extremo la reducción del Estado federal y se aboca a una guerra abierta con los gobiernos de los estados, es posible que un día despierte con la noticia de que ha cercenado las propias bases del poder ilimitado que busca. Y si llegara a ignorar las decisiones judiciales —tal como ya ha amenazado hacer—, ello podría escalar aún más la crisis constitucional, hasta el punto de que el país tenga que elegir entre la Presidencia y la existencia misma del Estado federal.