En octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 69/2020, mediante la cual le fue otorgada a Maikel Herrera medidas cautelares de protección y se le reconoció como preso político del gobierno cubano.
El activismo contra las violaciones de derechos humanos en Cuba implica un desgaste constante para la salud mental de las madres y esposas de los presos políticos. Desde la sociedad civil cubana, diversas iniciativas intentan ser un sostén económico y psicológico.
La semana pasada fue noticia el suicidio del preso político Yosandri Mulet Almarales, de 37 años, condenado a diez años de privación de libertad por tomar parte en las protestas ciudadanas de julio de 2021 en el barrio de La Güinera, en La Habana.