Las cosas han cambiado últimamente en la vida de Donaida Pérez. Ya no es la que recibe la visita, sino la que visita. Ya no es la que aguarda por la bolsa de comida, sino la que abastece. Ya no es la que espera una llamada, sino la que llama. Ya no es la reclusa, ahora es la excarcelada.
Hace casi dos meses estaba sentada en el comedor de la prisión de mujeres Guajamal cuando la jefa de orden interior le pidió que la acompañara. La condujo hacia un lugar donde estaban reunidos funcionarios y altos mandos de la Seguridad del Estado cubano. Le comunicaron que en lo adelante quedaba en libertad condicional y que integraría la lista de 553 detenidos que volverían a sus casas luego de las negociaciones entre La Habana y el Vaticano. En un inicio la opinión pública pensó que la administración de Joe Biden había intervenido en el acuerdo, tras la retirada de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo el pasado 14 de enero, pero luego trascendió que no hubo mediación del gobierno estadounidense.
«La noticia de mi excarcelación me tomó por sorpresa, no esperaba que estos esbirros hicieran eso», dice Donaida, quien el 15 de enero, el mismo día del aniversario de muerte de su madre y solo un día después del anuncio del comienzo de las excarcelaciones, llegaba a su barrio de Placetas vestida de blanco, recibida por los vecinos como se recibe a un héroe, un tumulto que le cayó a besos y abrazos.
Donaida no podría negar que está feliz. Cómo no estarlo si llegó al barrio, a la casa de siempre. Pero ni el barrio ni la casa son los mismos que antes de entregarse voluntariamente a las autoridades el 16 de julio de 2021, tras participar en las protestas antisistema que pusieron en jaque al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y tras ser condenada a ocho años de privación de libertad por desorden público, desacato y atentado contra un funcionario público. Ahora en la casa no está su esposo de más de tres décadas, ya no va a dormir con Loreto Hernández García, condenado a siete años por manifestarse también el día que Placetas se sumó a la protesta nacional.
«Dejé a una parte de mi en la prisión», asegura Donaida, de 54 años. «Se siente muy mal, se siente morir, estoy rodeada de de personas, de mis ahijados, mis vecinos, pero a la vez estoy sola, porque mi esposo es una parte muy importante en mi vida. Pero aunque en eso se me vaya la vida, aunque me metan un tiro en la frente, yo voy a seguir luchando por su libertad y por la de todos los presos políticos cubanos».
Es una sensación rara la que tiene ahora. Por tres años y seis meses estuvo lejos de Loreto, pero de algún modo cerca. Desde la prisión de mujeres, acostumbraba enviar papelitos, pequeñas notas de amor o mensajes de cualquier tipo a Loreto, que los esperaba exaltado en su celda. Alguna vez su esposo llegó a decirle: «Ay, mi amor, yo veo los tanques de tu prisión y pienso que estás tan cerca y a la vez tan lejos». Ahora a Donaida le toca saber de Loreto cada 24 días, o esperar dos meses para la visita conyugal.
«Esto nos está partiendo el alma, pero sabemos que tenemos que ser fuerte», dice. “Nos seguiremos amando de lejos hasta que podamos estar juntos, el día que Dios y nuestros Orishas lo permitan».
Donaida y su hijastra, Rosabel Sánchez Correa, no tenían dudas de que Loreto iba a ser uno de los excarcelados. Tiene 54 años y constantes problemas de salud que han sido denunciados públicamente: padece de asma bronquial aguda, cardiopatía, diabetes e hipertensión. «Yo siento la misma felicidad de mi papá por la liberación de mi madrastra, pero a la vez siento enojo al ver cómo mi padre enfermo sigue detenido, porque para nadie es un secreto que sus condiciones de salud son serias y en la prisión de hombres de Guamajal no hay condiciones como para garantizar su atención», dice Rosabel.
Donaida está segura de que hay varios factores que influyen en que su esposo, junto a quien dirige la Asociación de Yorubas Libres, no haya sido liberado esta vez: el racismo que pesa sobre ellos, el hecho de que sea hermano del ex prisionero político y activista cubano Jorge Luis García Pérez y su propio poder de convocatoria que arrastró a no pocos en el pueblo a sumarse a la manifestación.
Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, asegura que si un factor común pueden detectar en los excarcelados es que, entre los primeros, la mayoría fueron presos que ya tenían derecho al régimen abierto o incluso la libertad, con penas que ya estaban relativamente cerca de superar los dos tercios y, en casi todos los casos, la mitad de condena. Sobre las excarcelaciones realizadas en marzo, Larrondo explica que fueron sacados de prisión personas con condenas más altas, «pero en los que el régimen ha estimado que el coste político a pagar en caso de tenerlos en excarcelación sea poco o nulo, lo que no quiere decir que estén en lo cierto».
Ahora que Loreto está adentro, y ella afuera, Donaida se pregunta en realidad cuán libre es, o si no están, a la larga, encarcelados los dos. «No soy libre, para nada», dice. «En definitiva, vivir en este país no es vida, aquí simplemente hay vida para los poderosos, los que machucan al cubano de a pie. No soy libre y no voy a ser libre mientras no pise tierra de libertad o los Castro se vayan y nos dejen a Cuba tranquila».
Donaida cree, sin que le queden dudas, que las excarcelaciones del pasado mes de enero «no fueron más que un simulacro». «Por eso cuando hablo de mi libertad siempre digo la supuesta libertad condicional, porque eso no fue más que una treta del régimen, simplemente nos cambiaron. Fue un cambio, y tanto es así que todavía quedan muchos presos políticos en prisión. Es algo que me indigna sobremanera, porque ninguna persona que piense diferente debe estar en una prisión, debe ser repudiada, machucada ni odiada por sus semejantes».
No pocos activistas u organizaciones a favor de los derechos humanos han denunciado la falta de claridad en las excarcelaciones, un proceso del que apenas se tuvo detalles por parte del gobierno, que nunca publicó un listado con nombres de los excarcelados. Después de que, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, La Habana detuvo las excarcelaciones sin brindar explicación alguna. Luego las retomó y el pasado 11 de marzo el Tribunal Supremo Popular anunció que habían cumplido con su promesa, es decir, que ya habían llegado a la cifra pactada de 553 reclusos fuera de las prisiones, una operación que Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del tribunal, tildó de «exitosa».
No obstante, Yaxis Cires, Director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), insiste en que este «ha sido un proceso muy arbitrario, pero no aleatorio». «Se pueden identificar ciertos patrones, algunos para generar división y desánimo o, lo que es más cruel, para redoblar el castigo». La OCDH registró la excarcelación de 212 presos políticos, menos de la mitad de los acordados. La mayoría de los liberados fueron presos comunes. No obstante, la pregunta que todos se hacen es cuánta libertad tienen los excarcelados ahora.
«Hablaron de liberaciones y no han liberado a ninguno, sino que siguen con las condenas intactas y excarcelados bajo un régimen carcelario-domiciliar muy severo», asegura Larrondo.
El proceso de excarcelaciones de inicios de año ha sido catalogado por algunos como fraudulento. Prisoners Defenders también realizó un estudio en el que demuestra que más del 80% de los excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto, y que decenas tenían derecho a la libertad inmediata. Ahora, de vuelta a sus casas, todos regresan con no pocas restricciones y reglas: las autoridades controlan sus movimientos, algunos están obligados a hacer trabajos forzosos, se les impide publicar en redes sociales o participar de algún tipo de activismo en el país, además de que quedan prohibidos de viajar fuera de la isla y deben comparecer ante las autoridades regularmente. Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal, dejó claro que se trataban de «excarcelaciones anticipadas», pero que estas personas continuarían cumpliendo su condena bajo ciertas condiciones.
Liván Hernández Sosa guarda las más de seis citaciones que le han llegado a la casa para que se presente ante un juez o ante la policía, desde que fuera excarcelado de la prisión El Pre, en Santa Clara, como parte de los acuerdos con la Iglesia Católica. «El motivo de estas citas es amenazarme, decirme que si mi casa sigue siendo visitada por opositores o defensores de derechos humanos, y si sigo haciendo denuncias, se me va a revocar la libertad condicional que me habían dado. Me dijeron que podían llevarme a una prisión de máxima seguridad de cualquier lugar del país», cuenta Sosa, de 35 años, quien cumplía una condena de cuatro.
Cuando las autoridades cargaron con Sosa tras participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, su hijo todavía era un niño al que él acompañaba hasta la escuela primaria todas las mañanas. Cuando regresó, tres años, ocho meses y siete días después, el niño ya era otro. «Son tres años, ocho meses y siete días de mi vida perdidos que no se van a recuperar de ninguna manera», dice. «Cuando regresé de la prisión ya mi hijo estaba en la secundaria, iba a la escuela solo, ese tiempo me lo perdí, durante tres años, ocho meses y siete días me perdí el crecimiento de mi hijo por culpa de ellos y eso nunca lo voy a recuperar».
Sosa estuvo entre los primeros reclusos excarcelados. El 15 de enero de 2025, sobre las cuatro de la madrugada, el mayor Michel, jefe del centro penitenciario, lo despertó para hablarle de «un posible traslado». «Me dejaron sentado en el área de visita y alrededor de las seis de la mañana me dijeron que me encontraba en libertad condicional. En ese momento me alegré, porque volvía a estar libre de cierta manera, venía para mi casa con mi esposa, mi mamá, mis hijos, iba a ver a personas que llevaba años sin ver, sentí alegría», cuenta.
Llegó a su su barrio en El Condado, en la ciudad Santa Clara, aún de madrugada, todavía a oscuras. En cuanto amaneció comenzaron a llegar los amigos, los vecinos, todos celebrando su vuelta a casa. Pero Sosa tiene la misma sensación de otros presos políticos, detenidos un día y puestos en libertad otro cualquiera, sin que nadie les devuelva el tiempo perdido y bajo la certeza de haber sido una «moneda de cambio».
«Para mi las excarcelaciones fueron un fraude», dice. «La mayoría de los presos que salieron fueron presos comunes, no fueron presos políticos. Es vergonzoso cómo el gobierno se comportó, cómo nos utilizó como moneda de cambio, porque eso fue lo que hicieron».
También se ha preguntado si es realmente libre, pero a estas alturas está convencido de que no lo es. No niega que siente miedo de dejar otra vez a la familia, de que un día carguen con él y lo lleven a «ese infierno» que son las cárceles en Cuba. «Pasé de estar en privación de libertad a estar preso dentro de mi casa, no puedo publicar en las redes sociales, no puedo hacer denuncias, no puedo salir de Santa Clara, no puedo viajar, me vigilan, visitan mi casa a cualquier hora, me citan seis y siete veces en el mes. Yo no estoy libre, simplemente dejé de estar en la prisión para estar en mi casa, pero preso igual».
