El gobierno de Estados Unidos actualizó esta semana el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-5, lo que reafirma la política de la Administración Trump en el endurecimiento del sistema de sanciones para «fomentar una Cuba libre y democrática». El documento, cuya versión original data de 2017, ratifica específicamente la estrategia de presionar a entidades gubernamentales, en particular negocios vinculados a Gaesa, el poderoso grupo empresarial controlado por militares cubanos.

La actualización de la directiva, emitida el 30 de junio, se pondrá en vigor en los próximos 30 días y promete más sanciones, controles más estrictos a los viajes a Cuba, apoyo a la oposición interna y presión internacional sostenida contra el régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El Nuevo Herald citó a una fuente con conocimiento del asunto según la cual esas sanciones «se dirigirán a cualquier empresa que brinde “apoyo directo o indirecto a empresas propiedad directa o indirecta del ejército cubano”, lo que en la práctica amplía los efectos de las sanciones estadounidenses para incidir en empresas de terceros países».

Entre las medidas que adoptará el Ejecutivo estadounidense se menciona, por ejemplo, «garantizar el cumplimiento de la prohibición legal del turismo a Cuba» mediante auditorías periódicas y el control de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años. También se ampliarían los esfuerzos para «la expansión de los servicios de Internet, la libertad de prensa, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales», así como para «fomentar el crecimiento de un sector privado cubano independiente del control gubernamental».

Sin embargo, el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una organización empresarial no partidista y sin fines de lucro, afirma que «existe incertidumbre sobre la continuidad de la colaboración con el resurgimiento del sector privado, que podría ser el objetivo».

Además, se revalida la suspensión de la política de «pies secos, pies mojados», que garantizaba asilo en EE.UU. a todo cubano que llegaba a su territorio y que fue clausurada en enero 2017 por Barack Obama.

El secretario de Estado, Marco Rubio, de padres cubanos, dijo tras la publicación del memorando: «Haremos que el régimen ilegítimo cubano rinda cuentas y apoyaremos al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y justicia».

Carlos Giménez, representante en el Congreso por el distrito 28 de Florida, expresó que «la nueva política hacia Cuba golpea al régimen donde más le duele: viajes y dólares. Debemos cortar el oxígeno del régimen. Sin salvavidas. Sin flujos de efectivo. Sin excusas».

En un comunicado de este martes 1 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), calificó de «anticubano» el memorando NSPM-5 y dijo que las medidas que se tomen como resultado de esta política estarían «dirigidas a fortalecer aún más el cerco económico y provocar mayores carencias al pueblo cubano, en el fallido intento de apoderarse del país».

Sin embargo, ¿qué tan nueva es la política y qué medidas concretas se han tomado? Según Wilfredo Cancio Isla, editor del blog Café Fuerte, «muchas de las estrategias planteadas en el NSPM-5 son formulaciones en vigor o parte de recientes medidas implementadas tras el segundo mandato de Trump, ya sean los controles sobre Gaesa y su subsidiaria encubierta Orbit SA como las restricciones de viaje y la expulsión de ciudadanos cubanos de Estados Unidos».

Asimismo, el memorando no representa por el momento cambios sustanciales en las operaciones de viajes y remesas familiares a Cuba. «Incluso podría decirse que administraciones anteriores fueron más restrictivas, como sucedió con el plan de George W. Bush y su Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, que limitó severamente el flujo de los viajes y los envíos de dinero a Cuba a partir de 2003», agrega Cancio Isla.

El documento ordena al secretario de Estado, junto a sus pares del Tesoro y Comercio, identificar y publicar entidades relacionadas con las fuerzas armadas y la inteligencia cubanas, con prohibición de transacciones financieras directas o indirectas, salvo excepciones muy limitadas. Esto significaría una actualización y ampliación de la lista de entidades restringidas que ya existe.

En opinión de Juan Antonio Blanco, presidente del think tank Cuba Siglo 21, «los militares están en la mira exacta de estas medidas […]. No solo se trata de las casas matrices de Gaesa, sino también de sus filiales, empresas fachada y testaferros dentro y fuera de la isla. Esta ofensiva es general [y] va a afectar el turismo, la aviación, los viajes a Cuba. El paisaje general de negocios va a cambiar a partir de este memorando».

Blanco cree incluso que «veremos empresas que parecían independientes, incluso en lugares como Hialeah [Florida], y que ahora serán identificadas como conectadas con Gaesa. Puede haber confiscaciones, cierres o sanciones si se comprueba que están actuando como testaferros del aparato militar».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) manifestó su apoyo al memorando de Trump sobre la política hacia Cuba. De acuerdo con la ONG, este «busca fortalecer las medidas contra un régimen que, durante décadas, ha pisoteado los derechos y las libertades individuales, ha criminalizado el descontento y desoído todas las oportunidades brindadas para alinear su conducta con los estándares internacionales de derechos humanos y libertades fundamentales».

De acuerdo con el OCDH, «cualquier medida dirigida a poner fin a estos regímenes […] debe ser implementada con decisión y unanimidad por las democracias occidentales, en defensa de la libertad, la justicia y la dignidad humana».

La activista Yamilka Lafita, quien coordina y distribuye ayuda humanitaria en la isla, afirmó a su vez que «Cuba no es problema de Trump. Cuba es responsabilidad de los cubanos». 

«El presidente estadounidense tiene claro a quién apoya, y eso ya es un adelanto», opinó en su perfil de Facebook. «Y si sus medidas ayudan o no, si nos benefician más o menos, es un asunto secundario frente a la tarea principal, acabar con la bota que nos oprime hace seis décadas. […] ¿Seguiremos esperando salvadores externos mientras el régimen nos roba el presente y el futuro?».

Lo anunciado el lunes por la Casa Blanca no constituye un cambio radical en el fondo, sino más bien una confirmación o ampliación de la política ya en curso por parte de la Administración Trump. Ratifica la promesa de más severidad con el régimen de La Habana, en contraste con el enfoque seguido por Joe Biden, quien, sostiene el actual gobierno, «alivió la presión sobre el régimen cubano».

Sin embargo, la implementación de esta política está por verse; sus efectos sobre la economía cubana y, en particular, los altos funcionarios del PCC dependerá de medidas concretas que se tracen en diferentes instancias del gobierno de Estados Unidos. Por ahora, el memorando ha servido apenas para un nuevo cruce de sables retórico entre Washington y La Habana.